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viernes, 11 de marzo de 2022cermi.es semanal Nº 473

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Opinión

La guerra en Ucrania es capacitista

Por Gloria Álvarez Ramírez, Doctora en Derecho y consultora social

09/03/2022

Gloria Álvarez Ramírez, Doctora en Derecho y consultora socialLas guerras conducen a prácticas de deshumanización que impactan en todas las comunidades diversas y vulnerables, y enfatiza la jerarquización de las vidas que valen y las que son despreciadas. Las noticias sobre los migrantes africanos en Ucrania a quienes se les impide huir a un lugar seguro, empujados hacia atrás en los cruces fronterizos mientras experimentan racismo y agresión, resultan perturbadoras. Otro sector de población, especialmente vulnerable, ni siquiera está captando la atención porque, en escenarios bélicos, siempre es abandonado a su suerte, recayendo sobre el mismo las mayores atrocidades.
 
Las personas con discapacidad tienen mayores problemas para escapar, especialmente aquellos con dificultad de movimiento, de aprendizaje, visual o auditiva, y son a menudo dejadas atrás durante los ataques. La información clave sobre seguridad y procesos de evacuación habitualmente son inaccesibles, al igual que los propios centros de evacuación, lo que significa que quedan relegadas. Esto las arroja a una situación de extrema vulnerabilidad al padecer más hambre, atropellos, agresiones, muerte y ausencia de seguridad, auxilio y apoyo. Los niños con discapacidad están más expuestos al abuso, negligencia y explotación; y las mujeres y niñas con discapacidad corren un mayor riesgo de violencia sexual.
 
En medio de la barbarie, las personas confinadas en instituciones de vida colectiva por razón de discapacidad, ya segregadas y aisladas de sus comunidades, se encuentran de manera exponencial más propensas al abandono y al olvido, sin ninguna consideración hacia sus vidas, principalmente, las personas de edad avanzada.
 
También la población con discapacidad que está intentando salir de Ucrania -así como aquella que adquirirá alguna por la crudeza y violencia del trayecto- enfrentan numerosas amenazas a su salud física y mental y a su bienestar, con enormes desafíos para obtener ayuda y lograr ser reasentados.
 
A pesar de los notables avances a nivel nacional e internacional en el afincamiento de la discapacidad en un enfoque de derechos, las percepciones negativas tan profundamente arraigadas sobre el valor de la vida de estas personas siguen vigentes en nuestra sociedad, y en tiempo de crisis se agudizan. Tales percepciones se asientan en lo que se ha denominado capacitismo: un sistema de valores que entiende que ciertas características propias del cuerpo y la mente son esenciales para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. El capacitismo es discriminación -en todas sus vertientes- contra las personas con discapacidad basadas en la creencia de que las habilidades típicas -aquellos estándares de apariencia, funcionamiento y comportamiento, conforme al pensamiento dominante- son superiores. Al igual que el racismo, el capacitismo clasifica a la persona como "menos que", moldeando y orientando prejuicios, estereotipos, estigmas y discriminaciones hacia las personas con discapacidad.
 
En escenarios de conflicto armado el capacitismo se recrudece de manera profunda y cruel. La arbitraria categorización de vidas humanas, entre las que importan y las que son desechables, se basa en premisas capacitistas. Aquellas que tienen valor son las vinculadas a la fuerza productiva, capaz y eficiente; las demás, son meras experiencias de baja calidad que conllevan sufrimiento, cargas y desventajas, sin ningún futuro y que, al no ser dignas de ser vividas, merecen menos atención.
 
La gente no cuestiona o no quiere cuestionar las creencias y actitudes que relegan a las personas con discapacidad como menores e inferiores. Esta categorización de las vidas que valen y las que no, nos puede parecer como algo muy lejano en tiempo y contexto, algo propio de movimientos eugenésicos y de exterminio; sin embargo, debemos recordar que la situación excepcional de salud pública provocada por la pandemia del Covid-19, recién hace dos años, cambió en nuestro país los parámetros de toma de decisiones referidas a la asignación de recursos y la priorización de tratamiento médico. Las personas con discapacidad y las personas mayores fueron discriminadas en el acceso a la atención médica y a tratamientos en unidades de cuidados intensivos conforme a ciertos pronunciamientos (triajes de descarte) que abogaron por usar la discapacidad o la edad avanzada como criterios de rechazo en el acceso a estos recursos sanitarios. Aunque la implantación de estos parámetros fue interrumpida atendiendo a un Informe del Comité de Bioética, no puede pasar inadvertido que el mero atisbo de estas recomendaciones puso en evidencia que, en los momentos críticos, la prescindibilidad de las personas con discapacidad brota de modo evidente. Esto revela que en el imaginario social permanece la odiosa idea de que un individuo con discapacidad tiene poco o nada que aportar a la sociedad, que es un ser improductivo y, además, una carga económica que drenaría la posibilidad de destinar recursos para la atención –en este caso– de la pandemia.
 
Así que, no resulta difícil imaginar que el capacitismo se manifieste con toda su crudeza en el conflicto bélico en Ucrania, adoptando diversas formas, muchas de ellas lacerantes. Como sistema de opresión, el capacitismo se verá reforzado e intensificado mediante prácticas de abandono, amenazas, torturas, abusos, persecuciones, desplazamientos, y hasta exterminio. La violencia capacitista será usada incluso como arma de guerra: el cercenamiento, como táctica intencional de disminuir las “capacidades” del enemigo y generar miedo y sufrimiento, están ocurriendo. La guerra es brutalmente capacitista.
 
En otra magnitud, la ayuda desplegada por los Estados y las organizaciones multilaterales podrían conllevar formas encubiertas de capacitismo si reproducen, aunque en diferente grado, patrones propios de este sistema de valores. Si bien las personas con discapacidad se encuentran afectadas de manera desproporcionada en esta guerra, esto parece no registrarse como una realidad importante en la medida en que debería. Pese a que las nociones de “vulnerabilidad”, “riesgo” y “necesidad médica” son parte instrumental del derecho humanitario, la evidencia indica que no siempre están garantizadas para las personas con discapacidad, y las necesidades específicas, los riesgos y las experiencias de esta población siguen siendo invisibles.
 
Por ello, los líderes políticos y todos los actores humanitarios que se están ocupando de esta dramática situación deben asegurar la participación de las personas con discapacidad en el diseño de sus programas y desarrollar estrategias y planes de acción específicos para brindar protección y seguridad adecuadas a esta población, tanto a la que ha quedado en Ucrania, como a todos aquellos que han emprendido el camino del refugio.
 
España, como país de acogida, debe desplegar una política de refugio inclusiva que vaya más allá de la asistencia típica que homogeniza a los refugiados y que impide que se identifique adecuadamente a aquellos con discapacidad, existiendo un desconocimiento generalizado de sus particulares necesidades y demandas. Brindar un apropiado y accesible acompañamiento y apoyo en todo el proceso es indispensable para no caer en paradigmas y modelos de caridad, de tragedia personal, de rehabilitación, de asistencialismo, que reproduzcan la visión capacitista de la discapacidad.
 
Es nuestra responsabilidad visibilizar a las personas con discapacidad de esta guerra y concienciar en torno al capacitismo y las violencias capacitistas que abundan en el conflicto y son pasadas por alto. En medio de la deshumanización, es indispensable ser contundentes, respetuosos y dignificantes con aquellos que encarnan el sufrimiento causado tanto por las armas de guerra como por el olvido y la indiferencia.
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